Los 29 tenientes políticos de los cantones de Francisco de Orellana, Loreto, Joya de los Sachas y Aguarico se capacitaron sobre la normativa legal relacionada a la violencia de género y el uso del módulo SATJE, para otorgar las medidas administrativas de protección.

El taller constó de dos etapas. En la primera parte del taller la Abg. Mireya Torres, Jueza de la Unidad Especializada de Violencia Contra la Mujer y Miembros del Núcleo Familiar, explicó sobre el ciclo de la violencia en la pareja, los tipos de violencia y el procedimiento para la recepción de la denuncia de la víctima.

En la segunda parte los tenientes políticos de la provincia realizaron un ejercicio práctico sobre el ingreso de una medida administrativa en el sistema y absolvieron sus dudas sobre la plataforma del módulo externo SATJE.

Diego Goyes, director provincial del Consejo de la Judicatura de Orellana, indicó que a través de esta herramienta virtual, el CJ garantiza una atención oportuna a las víctimas de violencia “la finalidad de esta herramienta tecnológica diseñada por el CJ, es automatizar la solicitud y entrega de medidas de protección administrativas y penales, de manera inmediata”, señaló.

El modulo virtual SATJE medidas de protección beneficiará a las zonas rurales del país, ahorrará dinero y recursos a la víctima de violencia y garantiza una atención inmediata. José Carlos Alvarado, teniente político de la parroquia Tiputini, ubicada a 400 kilómetros vía fluvial desde el cantón Francisco de Orellana, expresó que esta implementación permite mejorar el trabajo en territorio, en especial en esta zona de difícil acceso, facilita el envío de las medidas de protección a través de la plataforma virtual.

Las medidas administrativas de protección son aquellas medidas otorgadas de oficio o a petición de parte, tienen como fin la prevención de la vulneración de los derechos de las mujeres víctimas de violencia; así como la protección y restitución de los mismos, entre las medidas que puede solicitar la víctima son: boleta de auxilio; restitución de la víctima al domicilio habitual; prohibir al agresor acciones de intimidación entre otras.

DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN ORELLANA