El Ing. Paulo Rodríguez asistió a la Novena Reunión de Ministros de Justicia u otros Ministros, Procuradores o Fiscales Generales de las Américas (REMJA IX), que inició en Quito. El acceso a la justicia y la cooperación jurídica internacional se abordan en la cita que concluye este jueves

Ante los delegados de los 34 países americanos hizo una cronología del proceso para cambiar la justicia. La labor tiene como base la vigencia de una Constitución garantista de Derechos, el Plan Nacional del Buen Vivir que contempla el Pluralismo Jurídico y dispone una justicia independiente, eficaz, oportuna e integral para erradicar la violencia contra grupos vulnerables. Además se sustenta en el nuevo Código Orgánico de la Función Judicial, que recoge la normativa del sistema de la administración de justicia.

Entre las acciones inmediatas, dijo, estaba la designación de jueces y juezas. En seis meses se designó la nueva Corte Nacional de Justicia, a través de un concurso público al que fueron invitados los y las mejores juristas, quienes fueron sometidos a un proceso riguroso de evaluación. La ciudadanía ejerció su derecho a la impugnación ciudadana y 23 postulantes, pese a sus méritos académicos, no continuaron en el concurso.

Otra acción inmediata fue crear Unidades Judiciales de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y nombrar a sus jueces y juezas. También se evaluaron a más de 5.000 servidores judiciales de los que el 10 % salió porque no pasaron las evaluaciones, otros se jubilaron y otros renunciaron.

El Ing. Rodríguez explicó que para llenar las vacantes, el Consejo de la Judicatura ha realizado concursos públicos para nombrar 101 jueces de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y Contravenciones; 313 para varias materias y más de 1.200 jueces y juezas y 532 notarios y notarias en todo el país que está en proceso.

El Consejo de la Judicatura definió seis ejes de trabajo para enfrentar el problema del sistema judicial. En Talento Humano, a más de las evaluaciones, se creó la Escuela de la Función Judicial que no solo es para jueces sino para fiscales, defensores públicos, abogados en libre ejercicio y estudiantes de Derecho. “Así garantizamos la carrera judicial”, dijo.

En Modelo de Gestión destacó como cambio fundamental que las unidades judiciales ahora cuentan con administradores. “Antes los jueces distraían su gestión en asuntos administrativos”.

Al referirse al trabajo en Infraestructura Civil, señaló que hasta el momento han sido construidas 30 unidades judiciales en todo el país y se espera llegar a un total de 50 hasta fin de año.

En Infraestructura Tecnológica resaltó la creación del Data Center que permitirá grabar las audiencias orales durante los próximos diez años y hasta fin de año estarán instaladas 250 salas de audiencia.

Asimismo, comentó que en los seis ejes están ejecutándose 225 programas y que en los cinco programas más grandes se realizan 9.500 actividades.

Al referirse al presupuesto, señaló que para 18 meses de trabajo se asignaron 400 millones de dólares y 600 millones hasta diciembre de 2014.

La independencia de la Función Judicial, la gestión equitativa de recursos económicos y humanos y el trabajo conjunto con las demás entidades del Estado son otros logros del proceso.

El enfoque de la reforma es que la ciudadanía tenga acceso a la justicia en sus territorios. “Una justicia oportuna y transparente”, concluyó.

El evento contó con la presencia de José Miguel Insulza, Secretario General de la OEA; Johana Pesántez, Ministra de Justicia; Carlos Ramírez, Presidente de la Corte Nacional de Justicia; Ernesto Pazmiño, Defensor Público; entre otras autoridades.

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