El proceso de restructuración del sistema judicial ecuatoriano es considerado como “un nuevo paradigma” por la magistrada paraguaya Alicia Pucheta, mientras que su colega de Guatemala, Gustavo Bonilla, calificó a la reforma como “una novedad”, más aún cuando en su país la “designación de magistrados de la Corte Suprema de Justicia o de la sala de apelaciones es un sistema politizado”. Estas opiniones las expresaron durante la reunión con el Pleno del Consejo de la Judicatura.

“Le felicito por este desafío”, dijo Alicia Pucheta al Presidente del Consejo de la Judicatura, Paulo Rodríguez durante el diálogo que sostuvieron.

Los Vocales Tania Arias y Fernando Yávar, explicaron a los magistrados que asisten en Quito al VI Congreso Latinoamericano de Ciencia Política, los avances del proceso de reforma del sistema judicial.

Enumeraron detalles de los concursos convocados para la selección de juezas y jueces de la Corte Nacional, de Familia, Mujer, Niñez, Adolescencia,
Contravenciones y para otras materias. Ante lo cual los magistrados extranjeros señalaron que esto refleja la transparencia del proceso.

El Vocal Fernando Yávar, también se refirió al proyecto de reformas penales que se debate en la Asamblea Nacional, mientras que la Vocal Tania Arias, explicó que el Consejo de la Judicatura elabora el Código Procesal Unificado en Materias no Penales.

Los magistrados, señalaron que “es importante transformar la actitud de los jueces y cambiar la actitud de los servidores públicos” que trabajan en el sector justicia.

Los juristas extranjeros aprovecharon la ocasión para socializar a los vocales del Consejo de la Judicatura los beneficios del Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales. Esto mejora “los niveles de acceso a justicia y contribuye a la gobernabilidad democrática”, dijeron. Este servicio está disponible para 2’500.000 personas en Nicaragua, Paraguay, Panamá, Guatemala y Argentina. Está integrado por líderes comunitarios, personas imparciales, sin fines políticos ni religiosos, ni vínculos militares, dispuestas a trabajar voluntariamente en la entrega de citaciones, realizan peritajes o mediaciones previas, difunden leyes y normas cívicas entre la población.

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