Con la firma del documento, ambas instituciones se comprometen a ejecutar acciones para reducir el índice de audiencias fallidas, que se generan fundamentalmente por problemas en los traslados de las personas privadas de libertad (PPL) hacia las unidades judiciales.

El objetivo es que el CJ y la SNAI coordinen medidas que eviten esos traslados y garanticen la comparecencia de las PPL a las audiencias mediante videoconferencia. “Necesitamos implementar el uso de estos mecanismos telemáticos para que las audiencias se realicen efectivamente y además para precautelar la integridad de las personas privadas de libertad, de los servidores judiciales y del personal de la Policía y de la SNAI que son quienes realizan estos traslados”, señaló la Presidenta de la Judicatura.

Recordó que en 2019, el CJ implementó, en cuatro provincias, las unidades de garantías penitenciarias. Con ello se cumplió una disposición constitucional cuya ejecución fue ignorada por 11 años, durante administraciones anteriores.

Edmundo Moncayo, director general de la SNAI destacó el compromiso y la apertura de las autoridades del CJ para tutelar los derechos de quienes están detenidos en los centros de rehabilitación social. Señaló que con acciones como la creación de las unidades judiciales de garantías penitenciarias se avanza en la reducción del hacinamiento carcelario.

El convenio fue suscrito, en el marco del segundo eje de gestión del CJ, Fortalecimiento Institucional, con la presencia de los vocales del CJ, Juan José Morillo y Fausto Murillo; y, el director de la institución, Pedro Crespo.

De esta manera el CJ continúa construyendo justicia para la paz social.

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